Notas sobre el tema:
1. La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos.
2. Las deudas del Estado y el rol de los consumidores.
3. Pacto Global llama a empresarios y gobiernos a tomar acción para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos
Hablar de responsabilidad empresarial relacionada con derechos humanos es adentrarse en un debate mundial, que parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (2011) que se refiere a la particular obligación de las empresas.
Tradicionalmente, han sido los Estados los llamados a remediar los perjuicios que ocasionan las violaciones de derechos humanos, bien sea por acción directa de agentes estatales o por omisión en el deber de prevenir. Sin embargo, ya hay una conciencia universal sobre los deberes y acciones concretas y trazables de las empresas frente al respeto de los derechos humanos, es decir, evitar vulnerar los derechos de los demás, y hacer frente a las consecuencias negativas de sus actividades.
Empresas y derechos humanos hoy ocupan la agenda de Estados, organismos internacionales, empresas, comunidades y sociedad civil. Nuevas estrategias y acciones se basan en referentes internacionales como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, el marco de las Naciones Unidas “proteger, respetar y remediar”, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, las Líneas Directrices de la Ocde para empresas multinacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No es una exageración decir que las empresas que piensan en su crecimiento y sostenibilidad en el espacio y en el tiempo han incursionado de manera decidida en el cumplimiento de su responsabilidad de respetar los derechos humanos, lo consideran como un factor determinante para asegurar competitividad.
Erradicar el trabajo infantil, la explotación laboral, el daño a los ecosistemas estratégicos, entre otros e incluyendo su cadena de proveedores de productos o servicios son una responsabilidad ineludible para cualquier empresa que desee seguir creciendo y posicionándose a nivel local y global.
Un canal que ha facilitado la apropiación de los derechos humanos en el sector empresarial son las iniciativas multiactor, espacios de diálogo de alto nivel entre empresas, entidades de gobierno, misiones diplomáticas, academia y sociedad civil, reconocidas como un vehículo apropiado para promover la colaboración, la atención de consecuencias negativas sobre los derechos humanos asociadas a actividades empresariales y la rendición de cuentas a distintos grupos de interés. En Colombia, de manera ejemplar, hay tres iniciativas multiactor reconocidas a la fecha por su trayectoria en asuntos de derechos humanos y empresas: el Comité Minero Energético “CME”, Guías Colombia y la Red Pacto Global Colombia.
En un esfuerzo conjunto sin precedentes en Colombia, el CME, Guías Colombia y Pacto Global, próximamente publicarán el documento “La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos. Una lectura práctica de las iniciativas multiactor en Colombia”, como un aporte para seguir avanzando en la promoción de la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos y para posicionar el valor que ofrecen estos espacios en la gestión de derechos humanos en el país. El documento invita a instaurar culturas empresariales en favor del respeto por los derechos humanos y reflexiona sobre la obligación de atender las consecuencias negativas de las actividades del sector privado.
De cara a los retos del contexto sociopolítico actual, más empresas deben sumarse y comprometerse con el respeto por los derechos humanos.
Las deudas del Estado y el rol de los consumidores
La interrogante que nos hacemos como Asociación de Consumidores Sustentables, AdC Circular, es ¿en qué hemos avanzado en estos tres años de implementación del plan? Consideramos que el Estado de Chile está al debe en múltiples planos. Solo basta mencionar la reciente crisis en Quintero-Puchuncaví, donde el Estado no ha sido capaz de ejercer su rol fiscalizador, garante de derechos humanos, ni menos en asegurar el derecho a la información de la ciudadanía. Así como la inexistencia de una ley que regule la emisión de gases y la contaminación del suelo.
l marco internacional de los Derechos Humanos, cuya declaración data de 1948, se concibe en un mundo en que algunos estados eran reconocidos como poderosos y, por tanto, se debía regular y limitar el uso de dicho poder. No obstante, hoy se ha diluido la concepción del Estado-Nación que caracterizó al mundo hasta fines del siglo XX. En el actual escenario, marcado por la globalización, existen empresas transnacionales con más poder e influencia que muchos estados. Es por ello que ha emergido la necesidad de que compartan y adscriban a los principios de Derechos Humanos, pues dado la multiplicidad de impactos sociales y ambientales que tienen estas grandes compañías es necesario comprometerlas para que en toda la cadena de producción respeten dichos principios.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el planeta ha sufrido múltiples catástrofes medioambientales que demuestran la irracionalidad de nuestro modelo de producción, lo que ha provocado graves impactos sobre la población y el medio ambiente. Basta con enumerar algunos de estos episodios, como el desastre de Bhopal en 1984 (India), el de Chernóbil en 1986, los incendios petroleros de Kuwait en 1991, el derrame del Golfo de México en el 2010, entre otros.
Asimismo, el mundo se horrorizó cuando en la década de los 90 se conocieron las condiciones infrahumanas en que trabajaban niños, niñas y mujeres para empresas que fabricaban ropa deportiva de renombradas marcas internacionales, en países que precisamente no cumplían con los principios de Derechos Humanos. Situación que no ha variado demasiado en la actualidad, solo hay que recordar el colapso del edificio Savar en 2013, en Bangladesh, donde murieron más de mil trabajadores y trabajadoras de una empresa textil.
En este contexto de sistemáticas vulneraciones humanitarias en el marco de los procesos de producción, es que en el año 2011 se dieron a conocer los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, los que establecen las siguientes obligaciones para los Estados firmantes:
1. La obligación de ofrecer protección frente a los abusos de los Derechos Humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas, mediante medidas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia;
2. La obligación de respetar los Derechos Humanos, lo que significa actuar con la debida diligencia para no vulnerar los derechos de terceros, y reparar las consecuencias negativas de sus actividades;
3. La necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de reparación efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales;
Cabe destacar que en agosto del año 2017, en Chile, se lanzó el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, el que contempla 159 compromisos concretos de 17 instituciones públicas y otros actores. No obstante, el plan -de responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores- se implementará en un plazo de tres años, de 2017 a 2019, lo que devela ser más una política de gobierno que una de Estado.
Restando solo este año para la implementación del plan, es importante que el Estado rinda cuentas con respecto a los compromisos adquiridos. A modo de ejemplo, los principios rectores ponen el foco en cuatro áreas específicas, referidas a (1) la función del Estado en materia de reglamentación, políticas públicas, promoción e incentivos; (2) el nexo Estado-empresa, es decir, aquellos casos en que el Estado desempeña un rol empresarial; (3) las zonas afectadas por conflictos, y (4) la coherencia política, que se refiere a la obligación que tiene de proteger los derechos humanos en todas sus funciones que se relacionan con la actividad empresarial y económica.
En consecuencia, para cumplir con el deber primordial de protección de los derechos humanos, el Estado debe generar políticas públicas, reglamentaciones e incentivos adecuados para que las empresas no generen impactos adversos en estos derechos, protegiendo al ciudadano, en tanto consumidor/a, desde distintos planos frente a estas vulneraciones.
En ese sentido, la interrogante que nos hacemos como Asociación de Consumidores Sustentables, AdC Circular, es ¿en qué hemos avanzado en estos tres años de implementación del plan? Consideramos que el Estado de Chile está al debe en múltiples planos. Solo basta mencionar la reciente crisis en Quintero-Puchuncaví, donde el Estado no ha sido capaz de ejercer su rol fiscalizador, garante de derechos humanos, ni menos en asegurar el derecho a la información de la ciudadanía. Así como la inexistencia de una ley que regule la emisión de gases y la contaminación del suelo.
Como AdC Circular consideramos que es esencial que como consumidoras y consumidores conozcamos las acciones desarrolladas este último tiempo en materia de empresa y derechos humanos, pues sólo de esta forma podremos, no sólo consumir de manera más consiente y sustentable, sino además contribuir al levantamiento de los estándares en materia medioambiental en Chile. Ya que como lo demostró la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), el sector de los envases y embalajes es mucho más complejo que lo que la norma fue capaz de materializar, por lo que se necesita una participación activa de las y los consumidores en su elaboración y puesta en marcha. Esto se logra con procesos de formación especializada y campañas masivas, que hasta el momento el Estado no ha sido capaz de desarrollar.
Pacto Global llama a empresarios y gobiernos a tomar acción para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Pacto Global hace un llamado a tomar acción para financiar la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y para abordar la brecha de financiación estimada en $ 2.5 trillones de dólares anuales.
El llamado insta a empresas, gobiernos y otros actores a trabajar con intermediarios financieros para elevar el financiamiento necesario para lograr los Objetivos De Desarrollo Sostenible (ODS). Se alienta a las partes interesadas a encontrar nuevas formas para medir y comunicar su progreso y contribuciones hacia la Agenda, mientras se muestran los beneficios de negocio a largo plazo para los inversionistas.
Estos temas se discutieron en el Foro Económico Mundial 2019 en Davos, donde Pacto Global y PIMCO fueron co anfitriones del evento que reunió a empresas inversionistas e intermediarios financieros para discutir nuevas estrategias y herramientas de financiamiento para incorporar los Objetivos de Desarrollo Sustentable. La Organización de las Naciones Unidas estima que aproximadamente $5 a $7 trillones de dólares son necesarios para movilizar ocho años y lograr Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“Financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una gran apuesta, pero no una imposible”, dice Lise Kingo, Directora Ejecutiva de Pacto Global en las Naciones Unidas, . “Estudios tras estudios demuestran que no hay un comercio a largo plazo entre la sostenibilidad y la rentabilidad de las inversiones — en cambio, nosotros creemos que debemos seguir empujando hacia un punto de inflexión en la inversión convencional, que recompensará a los principios orientados a los inversionistas”.
Un cambio en la perspectiva de los inversionistas puede ayudar a dirigir más fondos hacia modelos de negocio sostenibles en lugar de proyectos ecológicos independientes. Instrumentos de renta fija, como los bonos de los ODS, pueden convertirse en nuevas soluciones para incorporar las inversiones de los ODS y reducir la brecha de financiación.
“Financiar los Objetivos de Sustentibilidad va a requerir de un trabajo en conjunto con el sector de financiamiento público, privado y la sociedad civil,” dice Scott Mather, Director de inversiones en PIMCO, hablando en el evento de Davos. “A través de nuevas innovaciones, como los bonos de los ODS , creemos que podemos ayudar a incorporar estrategias de inversión de impacto para ofrecer para entregar rendimientos y resultados sociales y medioambientales positivos. Esto es de interés de todos- y nos ayudará a lograr economías y sociedades sostenibles e inclusivas “.
El objetivo final es crear un mercado que sea lo suficientemente grande, líquido. diversificado y transparente para inversores institucionales, de esta manera contribuir significativamente a la aplicación de la Agenda 2030.
“Invertir con los Objetivos de desarrollo Sostenible en mente puede ser rentable y es por eso que somos fundamentalmente optimistas acerca del alcance de la Agenda 2030” dice Lise Kingo.
La plataforma de acción del Pacto Global de la ONU sobre innovación financiera para los ODS sirve como incubadora de ideas, conceptos y recomendaciones para desbloquear capital privado y crear un mercado para las principales inversiones de los ODS. La plataforma involucra a empresas líderes, bancos e inversores para identificar soluciones innovadoras para aprovechar los mercados mundiales de capitales para los ODS.
El año pasado, la plataforma de acción publicó un informe titulado “Bonos de los ODS finanzas corporativas – una hoja de ruta para incorporar inversiones” para inspirar y guiar a las partes interesadas involucradas en la aplicación de la agenda 2030 para aprovechar los mercados de capitales privados y beneficiarse de una financiación más barata y fiable.