1. ¿Cómo generar ingresos de América Latina para el Desarrollo Sostenible?
2. Empresas conocen cómo contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible.
3. Noruega y Alemania suspenden aportes al Fondo Amazonia de lucha contra la deforestación.
4. Convertir la migración en motor del desarrollo.
5. Fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana en el Caribe: Estrategia de Cooperación Sur-Sur (sólo en inglés).
1. ¿Cómo generar ingresos de América Latina para el Desarrollo Sostenible?
Pese al avance que ha habido en su proceso de consolidación fiscal en 2018, los ingresos tributarios de América Latina aún son insuficientes para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, afirmó el abogado fiscalista Octavio de la Torre de Stéffano.
El presidente del corporativo TLC Asociados, refirió que lo anterior se desprende de la publicación del Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019 elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que indica que el déficit primario del conjunto de los países de América Latina pasó del 0.8% del PIB en 2017 al 0.5% del PIB en 2018.
De acuerdo con este organismo internacional, este ajuste se debe principalmente al recorte registrado en el gasto primario —los gastos totales excluidos los pagos de intereses—, que disminuyó del 19% del PIB en 2017 al 18.6% del PIB en 2018.
Indicó que en el Caribe, el superávit primario aumentó del 0.9% del PIB en 2017 al 2.1% del PIB en 2018, en concordancia con la necesidad de continuar generando superávits primarios sustanciales para estabilizar y reducir el alto nivel de deuda pública.
No obstante, puntualizó que en esta mejora en la posición fiscal de América Latina, la deuda pública se encuentra en aumento, y alcanzó un 42.3% del PIB en 2018, comparado al 39.4% de 2017; reflejado principalmente por la deuda de Argentina, que subió 38 puntos, aunque el Caribe logró disminuirla del 74.3% al 72.4.
Octavio de la Torre abundó que en el informe se destaca la reducción de los gastos de capital en América Latina, que pasaron del 3,6% del PIB en 2017 al 3,2% del PIB en 2018, su nivel más bajo desde 2007, mientras que en el Caribe, la baja de pagos de intereses de los últimos años continuó en 2018, logrando abrir espacio para equilibrar la composición el gasto público total.
En ese sentido, destacó que América Latina se mantuvo en el mismo nivel en cuanto a ingresos públicos con 18.1% del PIB, estabilidad que ocultó tendencias opuestas entre los grupos de países y se produjo una tendencia a la reducción en el grupo de países de Centroamérica y México.
Dijo que el Caribe tuvo un incremento en la recaudación tributaria y de ingresos por otros conceptos, en los que se incluyen los provenientes de programas de ciudadanía por inversión. Se impulsaron la evolución de los ingresos totales, alcanzando un 27.6% del PIB durante 2018, comparado con el 26.3% de 2017.
“La evasión y elusión fiscal es el principal problema para la movilización de recursos internos, pues según estimaciones de la CEPAL, sugiere que el costo de estas prácticas en América Latina alcanzó un 6.3% del PIB en 2017, lo que equivale a 335 mil millones de dólares”, expresó el presidente de TLC Asociados.
Además, manifestó que se estima que los flujos financieros ilícitos que salen de la región como consecuencia de la manipulación de precios del comercio internacional de bienes alcanzaron los 85 mil millones de dólares en 2016, equivalente al 1.5% del PIB de América Latina y el Caribe.
Resaltó que debido a que la política tributaria es la herramienta para el impulso al cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030, se analiza la tributación y fiscalización de la economía digital en la región, en resumen, se revisan medidas unilaterales que países de la región ya han adoptado y que apuntan a cerrar los espacios de elusión y cobrar impuestos derivados de las actividades de la economía digital.
“El debate sobre el uso de estos instrumentos se ha intensificado últimamente y algunos países ya han adoptado medidas en la línea de las implementadas en países desarrollados”, recalcó.
Adicionalmente se busca alimentar el debate regional sobre el uso de impuestos correctivos, particularmente en los relacionados con el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas y otros alimentos poco saludables, esto es con el fin de lograr distintas metas de los ODS.
De la Torre afirmó que el documento examina el uso de incentivos fiscales en América Latina, pues en este ámbito, la región se ve limitada por numerosos incentivos y tratamientos tributarios preferenciales.
Agregó que el uso de esta herramienta debe ser evaluado a través de un análisis de costo-beneficio, y considerando su interacción con las políticas tributarias y programas de gasto público; las evaluaciones permitirían determinar si hay o no una justificación para otorgar estos beneficios.
Unimexicali, lee la nota acá.
2. Empresas conocen cómo contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible.
Las empresas son uno de los principales aliados para dar cumplimiento a los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), iniciativa que impulsa las Naciones Unidas.
En línea con esos esfuerzos, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en alianza estratégica con la Oficina de Actividades para Empleadores de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y Usaid, desarrollaron ayer en el taller “Empresas y Derechos Humanos: Integrando la promoción y el respeto de los DDHH en el accionar empresarial”.
La capacitación, también llevada a cabo anteayer en Tegucigalpa, buscó promover de manera participativa y dinámica con las organizaciones empresariales, una base de conocimiento teórico y práctico sobre los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.
“Vemos un compromiso muy serio de parte de los representantes de las empresas privadas y de las organizaciones que agremian a ciertos sectores. Incluso el ODS número 8 lo hemos tratado con especial atención desde el sector empresarial y tiene que ver con temas laborales”, indicó Gustavo Solórzano, gerente de Asesoría Legal del Cohep.
Con igual relevancia, el ODS, enfocado en poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, es fundamental para las empresas que buscan contribuir en una sociedad sostenible y propicia al desarrollo.
“No podemos continuar pensando en que pueden existir empresas que puedan tener éxito si las condiciones de vida de la población hondureña no son las mejores”, agregó Solórzano.
Con la amplia participación registrada en los dos talleres, los directivos del Cohep consideran que es una muestra del compromiso del sector privado nacional, consciente de que está expuesto al dinamismo y los cambios.
Con esa misma fuerza, las nuevas generaciones son más conscientes de los productos que consumen. Sobre ello, el Cohep, en un estudio sobre millennials, encontró que este grupo poblacional consume de empresas comprometidas con el respeto a los derechos humanos.
La Prensa, lee la nota acá.
3. Noruega y Alemania suspenden aportes al Fondo Amazonia de lucha contra la deforestación.
La política mediambiental del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hace peligrar la continuidad del Fondo Amazonia, el mecanismo de cooperación internacional que más recursos ha aportado para reducir los gases de efecto invernadero por la deforestación. Noruega, el principal donante, ha anunciado la congelación de ayudas para los proyectos de conservación del Amazonas por un importe de 30 millones de euros, después de que el Gobierno brasileño cambiara de forma unilateral al equipo directivo que gestiona el fondo. Alemania, el otro país patrocinador, ya suspendió el pasado sábado una aportación similar,aunque fuera del fondo, y debate revisar su contribución al mismo. Bolsonaro ha respondido, de forma no muy diplomática. "Tengo un mensaje para la querida Angela Merkel: coge tu pasta y reforesta Alemania. Lo necesitáis mucho más allí que aquí", dijo el miércoles. Un día después, tras conocer la decisión de Oslo, añadió: "¿No es Noruega la que mata ballenas en el Polo Norte? (...) Coged el dinero e id a ayudar a Merkel a reforestar Alemania".
Ambos países son los que, junto a la petrolera estatal brasileña Petrobras, aportan dinero al Fondo Amazonia, que, desde su creación en 2008, ha financiado 103 proyectos para la preservación de un ecosistema vital para contener el calentamiento global. Noruega es, de lejos, el mayor donante, con cerca de 1.200 millones (el 94%), seguido por Alemania, con 68 millones (el 5%). Desde hace unos meses, representantes de ambos países negocian con el Gobierno del presidente ultraderechista ante su intención de realizar cambios en el funcionamiento del fondo, administrado por un banco público brasileño, el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES). Entre otras medidas controvertidas, pretendía que se pudiera utilizar el fondo para indemnizar a terratenientes expropiados o a los que se prohibieran actividades productivas en las áreas protegidas.
El ministro del Clima y del Medio Ambiente del país escandinavo, Ola Elvestuen, anunció este jueves que suspendía la aportación al fondo correspondiente a 2019 en una entrevista publicada en el periódico noruego Dagens Naeringsliv. La razón, que Brasil había roto horas antes el acuerdo firmado con Noruega y Alemania al cambiar unilateralmente el cuerpo directivo del mecanismo y cancelar el comité técnico que selecciona los proyectos a financiar, lo que en la práctica supone su bloqueo. "No podían hacerlo sin nuestro consentimiento. Lo que ha hecho Brasil demuestra que ya no quieren detener la deforestación", afirmó Elvestuen. Tras esta medida, "Noruega no tiene base legal y técnica" para donar la contribución prevista, afirma el Ministerio en un comunicado este viernes, que recuerda que las donaciones están condicionadas a "resultados verificados de reducción de la deforestación". Según los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), la Amazonia ha perdido 5.879 kilómetros cuadrados en los últimos 12 meses, un 40% más que un año antes.
La ministra de Medio Ambiente germana, Svenja Schulze, anunció el sábado pasado al diario alemán Tagesspiegel la congelación de 35 millones en ayudas destinadas a nuevos proyectos de conservación de la selva y programas de biodiversidad, aunque fuera del Fondo Amazonia, que depende de otro ministerio, el de Cooperación y Desarrollo. "Las políticas del Gobierno brasileño en el Amazonas despiertan dudas sobre si aún están persiguiendo el objetivo de reducir de forma sostenida la tasa de deforestación", declaró la ministra. "Necesitamos esa certeza antes de continuar con la cooperación". Ante esta decisión, Bolsonaro había acusado a Alemania de querer "comprar la Amazonia a plazos".
Desde 2008 hasta este año, Medio Ambiente ha destinado 95 millones a varios programas bilaterales con Brasil, país que alberga el 60% de la selva tropical. "El apoyo de los socios políticos a los proyectos es un prerrequisito para la cooperación", añade el ministerio que dirige Schulze en un comunicado. "En la situación actual, existen al menos dudas razonables" sobre ello. El departamento explica que, por el momento, no se financiará ningún proyecto nuevo y que los que ya están en marcha se revisarán para determinar "si sus objetivos se pueden alcanzar en las condiciones actuales".
No solo eso. La ministra de Medio Ambiente cree que "las contribuciones de Alemania al Fondo Amazonia deben ser ahora revisadas", decisión que corresponde a Cooperación. Para ello, "el Ministerio quiere coordinar la decisión sobre cómo proceder con los otros donantes y ya ha empezado este proceso". Esto es, Noruega y Alemania discuten si deben seguir invirtiendo en proyectos en Brasil a la vista de la creciente deforestación, según un portavoz. Desde Cooperación, una portavoz solo confirma que "mantienen un diálogo cercano tanto con Brasil como con Noruega", y que el Gobierno de Bolsonaro "quiere ahora ofrecer propuestas para hacer algunos ajustes en el fondo". Desde el Ministerio de Medio Ambiente brasileño manifiestan que “la suspensión de las donaciones es compatible con el periodo de renegociación de las reglas de administración del Fondo”.
La decisión de Noruega y Alemania supone un nuevo golpe para Bolsonaro en relación a sus políticas de lucha contra la deforestación. La publicación de los datos oficiales de destrucción de la selva tropical a principios de agosto abrieron una crisis en su propio equipo de Gobierno, cuando el presidente negó su validez y destituyó a Ricardo Galvão, director del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués), organismo responsable de las mediciones.
El País, lee la nota acá.
4. Convertir la migración en motor del desarrollo.
La migración puede contribuir al desarrollo de receptores, emisores y los propios emigrantes. En el país de origen, el impacto dependerá de la capacidad de las políticas públicas para minimizar los costes de la emigración, maximizar sus beneficios y, finalmente, lograr el retorno.
La recién adoptada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa un gran avance en materia de migración internacional. Los jefes de Estado reunidos en Nueva York en septiembre de 2015 han reconocido la contribución positiva de los migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible, tanto en los países de origen como en los de tránsito y destino. En esta perspectiva, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen diferentes metas relacionadas con el asunto migratorio que resaltan la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores inmigrantes, en particular las mujeres (meta 8.8), de adoptar políticas migratorias bien gestionadas (meta 10.7) y de reducir los costes de las remesas (meta 10.c).
La emigración no es una condición sine qua non
Reconocer la contribución positiva de la emigración no significa que sea una condición sine qua non para el desarrollo. Diferentes países con niveles de desarrollo similares pueden seguir trayectorias muy diferentes en materia de migraciones. Así, los emigrantes representan el 11% de la población de México y de Filipinas, pero solo el 1% en Brasil e Indonesia. Estas diferencias están relacionadas con las oportunidades de empleo generadas por estrategias de desarrollo alternativas. Los países que invierten en sistemas educativos y de competencias capaces de satisfacer las necesidades del mercado laboral, así como en mecanismos equitativos de protección social registran en promedio tasas de emigración por debajo de sus vecinos. La calidad de las instituciones de los países también influye sobre la decisión de emigrar, y no es coincidencia que los países con mayores niveles de corrupción registren mayores tasas de emigración.
Hay que reconocer que en muchos casos, y sin hablar de los países en conflicto o con regímenes autoritarios, la emigración es el resultado de políticas de desarrollo fallidas. La incapacidad de algunos gobiernos para llevar a cabo reformas a la vez económicas y sociales conduce a una parte de la población a dejar su país de nacimiento para buscar mejores oportunidades en otros países. En cierto modo, la emigración representa una forma de ruptura del contrato social entre el Estado y una parte de su población. Aunque, de manera paradójica, es también cuando el país alcanza cierto nivel de riqueza económica que sus habitantes empiezan a emigrar en mayor cantidad. Se requiere en efecto un mínimo de ingresos para poder ir a vivir y trabajar en otro país. Eso explica por qué no son los países más pobres los que registran las mayores tasas de emigración.
También es importante resaltar que las políticas públicas desempeñan un papel muy importante en la decisión de emigrar de los habitantes de un país. En un proyecto titulado “Interacciones entre políticas públicas, migraciones y desarrollo”, el Centro de Desarrollo de la OCDE y la Comisión Europea han desarrollado una metodología de investigación basada en un trabajo de campo en 10 países de ingreso bajo y medio (Armenia, Burkina Faso, Camboya, Costa Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Filipinas, Georgia, Haití y Marruecos) para mostrar de qué manera la emigración puede tener repercusiones sobre diferentes áreas de las políticas públicas, como el empleo, la educación, la protección social o la inversión. Por otro lado, el proyecto muestra cómo las políticas sectoriales de desarrollo, por ejemplo las políticas agrícolas, educativas, laborales y financieras, afectan a la emigración.
Según los resultados preliminares del estudio, las políticas públicas que garantizan cierta estabilidad financiera tienden a reducir la propensión a emigrar. Así, la intención de emigrar de los hogares que reciben transferencias monetarias condicionadas a la asistencia de los niños y niñas a la escuela está en general por debajo de aquella de los hogares que no reciben estas transferencias. Asimismo, las familias que viven en zonas rurales y se benefician de subsidios agrícolas, mecanismos de estabilización de los precios o de seguros para proteger las cosechas tienden a emigrar menos que los que no reciben ningún tipo de ayuda.
Las políticas laborales que promueven la creación de nuevos empleos y permiten una mejor adecuación entre oferta y demanda de trabajo también redundan en una disminución de la emigración. Este es el caso de las agencias de empleo que permiten a quienes buscan trabajo tener una mejor información sobre los puestos vacantes no solo en el área donde viven, sino también en otras regiones del país. Asimismo, los programas que buscan mejorar la empleabilidad de los graduados (a través de la formación profesional) y animan a las empresas privadas a contratar trabajadores cualificados desempleados (por ejemplo, a través de exenciones de impuestos) o que promueven la creación de empresas pueden facilitar la integración de los jóvenes en el mercado laboral y reducir las presiones para emigrar. Marruecos, por ejemplo, ha desarrollado desde 2006 una política destinada a los desempleados jóvenes y cualificados para ofrecerles alternativas a la emigración.
Política Exterior, lee toda la nota acá.
5. Fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana en el Caribe: Estrategia de Cooperación Sur-Sur (sólo en inglés).
The Caribbean region is highly prone to natural hazards such as hurricanes, floods, volcanic and seismic activities, droughts and forest fires. The increasing impact of global climate change and the risk posed by a range of natural, environmental and technological hazards are among the Caribbean’s most critical development problems. The past decades have been marked by an intensification of the impact of disasters, such as the destruction of livelihoods and communities, as well as a setback in development gains.
Thus, Antigua and Barbuda, Dominica, Dominican Republic, Saint Lucia and Saint Vincent and the Grenadines (SVG) set out to improve their Early Warning Systems (EWS) through an 18-month project financed by European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO).
The country level actions were supported by UNDP, International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), and the Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA), who embraced a partnership approach and helped reinforce the efforts to realize a more integrated EWS and enhance disaster riskreduction at the regional, national and community level.
This document provides a systematization of the results, lessons, processes and tools used in the process of South-South Cooperation (SSC) between the five Caribbean countries and Cuba, given the latter’s experience and expertise in disaster risk reduction and early warning systems. The cooperation consisted of the selection of a priority action in the EWS Roadmap of the recipient country, the preparation of a Solution Package by Cuban experts to address it and transfer those capacities to the country, including the adaptation of their tools to the recipient’s context, and the implementation of proposed solutions themselves.
PNUD, lee la nota acá.